Fármacos innovadores

La patronal farmacéutica Farmaindustria ha recordado e que el coste de los medicamentos contra el cáncer suponen un 10 por ciento del gasto farmacéutico total en España, que se ha mantenido estable desde 2009 en términos relativos, «a pesar del aumento de la incidencia registrado en los últimos años», y con resultados «muy positivos». Responde así al informe ‘Los medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad’, publicado por la campaña ‘No es Sano’, en el que se censura el crecimiento de los precios de estos fármacos y su «impacto» directo en los sistemas de salud de todo el mundo, así como que hay una «importante» inversión pública en las fases de investigación y en los ensayos clínicos de muchos de los fármacos.

Ante estas acusaciones, que asegura que contienen «un limitado enfoque e inexactitudes», la patronal recuerda que «la investigación y desarrollo de un medicamento es un proceso muy complejo, largo, arriesgado y costoso en el que participan un gran número de profesionales, que supone una inversión de más de 2.400 millones de euros y un proceso de trabajo de entre 10 y 14 años de media para obtener un fármaco o vacuna que llegue al paciente y que la financiación pública de medicamentos, cuando expira la patente, está sometida al sistema de precios de referencia.

En este proceso de desarrollo de un fármaco, según recuerdan, en las fases iniciales, las compañías colaboran con centros de investigación públicos y privados, participando en la financiación de sus proyectos. «No obstante, debido a los enormes costes que supone el proceso de I+D, así como a los riesgos inherentes a esta actividad (se estima que sólo una de cada 10.000 moléculas inicialmente investigadas llegan finalmente a convertirse en medicamentos y que sólo tres de cada diez medicamentos comercializados logran recuperar la inversión efectuada), la experiencia y financiación de la industria se hacen imprescindibles conforme avanza el desarrollo».

Así, la industria asegura que en el caso de los ensayos clínicos, 8 de cada 10 de los aprobados en España están promovidos directamente por compañías farmacéuticas, lo que supone que éstas se hacen cargo de toda su financiación y el resto de gastos derivados. Además, destacan que «de la financiación directa de proyectos, una parte muy relevante de la financiación de los centros públicos de investigación en España procede de la industria farmacéutica, que aporta anualmente el 2% de su facturación al SNS (más de 85 millones de euros en 2016) para financiar la actividad de los distintos Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) y Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) en el marco de la actividad del Instituto de Salud Carlos III».

Por lo que se refiere la fijación de los precios de los fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud, recuerda que son fijados por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, del Ministerio de Sanidad (con representación de los de Economía y de Hacienda y representantes de autonomías), y que «se hace siempre de modo motivado y conforme a criterios objetivos establecidos en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios».

En la decisión de precio y financiación pública se valora especialmente la utilidad terapéutica del medicamento y su grado de innovación, siempre en el marco de la aplicación efectiva del principio de financiación selectiva de medicamentos, que se basa en criterios como gravedad de las patologías, necesidades específicas de ciertos colectivos, el valore terapéutico y social del medicamentos, la existencia de otras alternativas y la racionalización del gasto público. Además se tienen en cuenta los informes sobre utilidad terapéutica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Farmaindustria recuerda, además, que «más allá del gasto inmediato que pueda suponer financiar un medicamento, en el medio y largo plazo supone una inversión que genera un retorno mucho mayor, tanto para el paciente como para la sociedad», al aumentar la esperanza y la calidad de vida del paciente, el ahorro de otros recursos sanitarios en la atención a esa enfermedad y aumento de la riqueza económica asociado a las ganancias de productividad o reducción del absentismo que provoca el consumo de medicamentos», con su correspondiente contribución al PIB.

«Abordar la cuestión del precio de un determinado fármaco desde posicionamientos meramente ideológicos y simplistas, sin tener en cuenta todos estos factores –lamenta la industria farmacéutica–, es tratar de generar un debate que no se ajusta a la realidad del sector ni a los estándares internacionales de I+D de la industria farmacéutica innovadora ni, más importante aún, a la realidad de la aportación de los medicamentos innovadores».

Asimismo, recuerda que la industria farmacéutica trabaja de forma constante con la Administración en la busca de medidas que ayuden a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, destaca el Convenio con la Administración General del Estado por el que se garantiza que el gasto público en medicamentos originales no genéricos no crecerá por encima de lo que lo haga el PIB (si ocurriera, la industria devolvería al Estado la diferencia), entre otras soluciones como el pago por resultados o riesgo compartido.

En este sentido, recuerda que la industria farmacéutica innovadora constituye un sector estratégico para el conjunto del país y para su desarrollo económico, ya que genera más de 200.000 empleos (40.000 directos de alta cualificación y calidad) y exporta por valor de más de 10.600 millones de euros, que supone el 27% de las exportaciones de alta tecnología. Este sector es responsable además del 21% del total de la I+D industrial en España.